Defensoría del Pueblo insta al Ministerio Público a ejercer acciones correspondientes frente a denuncias por violación sexual

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La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su obligación constitucional de resguardar los derechos fundamentales de las personas en relación a los casos de violencia sexual contra mujeres adultas, invocó a las instituciones públicas vinculadas al sistema de justicia cumplan con su deber funcional acorde al principio de debida diligencia establecido en el marco jurídico internacional y en la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar .

En este contexto, ante las graves denuncias en contra del director teatral Guillermo Castrillón por actos de violencia sexual, difundidas en los medios de comunicación y las redes sociales, la Defensoría del Pueblo ha enviado una comunicación oficial al Ministerio Público, con la finalidad de que actúe de oficio en este caso e inicie las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, en el caso de la ciudadana Alessandra Bonelli, quien denunció hechos de la misma naturaleza contra de Víctor Lurquin en el mes de julio del año 2015, la Defensoría del Pueblo lamentó hasta la fecha la fiscalía a cargo de la investigación no ha cumplido con emitir pronunciamiento. Por ello, nuestra institución, en estricta observancia de la autonomía del Ministerio Público, ha enviado una comunicación oficial manifestando su preocupación por esta demora.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), en el año 2016 se registraron 1,558 denuncias de violación sexual contra mujeres adultas, mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha informado que hasta setiembre de este año, atendieron a 1,636 mujeres adultas víctimas de violación sexual.

Siendo el Ministerio Público el organismo autónomo del Estado que tiene entre sus funciones la persecución del delito, se le insta a que proceda conforme a sus atribuciones y ejecute las acciones correspondientes, con la debida celeridad y diligencia, garantizando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas.