Por: Mgtr. María Alejandra Maldonado Adrián, profesora del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, especialista en Migrantes y Protección de Refugiados por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, con el propósito de que conozcamos y nos solidaricemos con quienes han abandonado sus hogares debido a conflictos, persecuciones, violaciones de derechos humanos u otras situaciones de violencia. Es la oportunidad para recordar la importancia de proteger a quienes solicitan refugio, reconociendo la fuerza y resiliencia que estas personas demuestran frente a la adversidad que implica el desarraigo.
La fecha se ve ensombrecida por dolorosos acontecimientos, como el ocurrido el 14 de junio, cuando tuvo lugar la peor tragedia migratoria de los últimos años en el Mediterráneo. A 80 km de las costas de Grecia, zozobró una embarcación procedente de Tobruk (Libia), en donde se cree que viajaban entre 400 y 750 personas, incluyendo 100 niños (datos del ACNUR).
Esto nos obliga a pensar sobre una de las muchas acciones que los gobiernos están llamados a tomar en materia migratoria: la necesidad de proporcionar rutas seguras para salvaguardar vidas y derechos de las personas refugiadas en particular, y en general, para quienes se encuentran en contexto de movilidad humana.
Tragedias humanitarias como la mencionada, ocurren con demasiada frecuencia y no podemos acostumbrarnos a seguir viendo este tipo de noticias, ni en Europa, ni en América, mucho menos en las fronteras peruanas, como tristemente lo vimos en abril del presente año en la frontera sur con Chile.
Constantemente, se reportan personas que se ven obligadas a arriesgar sus vidas o integridad en embarcaciones inseguras y abarrotadas, cruzando mares, océanos o peligrosas selvas como la del Darién, o varadas en “tierra de nadie”, como se conoce a las zonas entre fronteras.
Esto ocurre por políticas migratorias estatales descoordinadas, con excesivas restricciones que generan condiciones propicias para la actividad delictiva y el crimen organizado, al empujar a los migrantes hacia rutas más peligrosas, incluso recurriendo a traficantes o contrabandistas.
El 20 de junio, se recuerda el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, instrumento internacional del cual Perú es signatario. Nuestro país además cuenta con una legislación nacional y un andamiaje administrativo para la implementación de procedimientos que procuren la protección de refugiados, como la Ley de Refugiados, su reglamento y la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) liderada por la Cancillería peruana, que reúne a diversos actores gubernamentales y no gubernamentales.
El llamado es, por tanto, a abogar para que en Perú se aprueben políticas públicas migratorias y medidas efectivas contextualizadas que fomenten la protección y pleno acceso de derechos humanos, asimismo, la dignidad de toda persona, sin distingo de raza, nacionalidad o situación migratoria. Además, la ejecución de un control migratorio fronterizo con enfoque de derechos humanos que, respetando la dignidad de las personas, genere vías seguras y legales para una migración ordenada y regular.
Estas reflexiones deben trasladarse a cada uno de nosotros también. Pasa por condenar hechos como los descritos. Los creyentes debemos recordar la tradición cristiana y ver que Jesús fue un refugiado. Ello representa una voz que nos invita a analizar nuestra propia respuesta ante las personas refugiadas en el Perú. Nos desafía a mostrar compasión, empatía, solidaridad hacia aquellos que se encuentran en situaciones difíciles.
