Miguel Cardozo, presidente de PERUMIN 36, resaltó el compromiso establecido en el marco de la Convención Minera, en el que la industria decide formar parte activa de un grupo de trabajo multiactor para agilizar las inversiones privadas y dar un paso importante hacia la eficiencia en el uso de los recursos públicos por el desarrollo. Sin embargo, recientemente Cardozo reflexionó en que sigue en pie el proyecto de Ordenamiento Territorial y de creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.
Dicho proyecto se contradice con todo lo expresado por los representantes del sector público en PERUMIN. De aprobarse, se permitiría que las autoridades regionales puedan establecer zonas restringidas para cualquier actividad económica, como la minería, incluso cuando las empresas cuenten con todos los permisos y condiciones para operar.
De esa manera, la norma pone en riesgo la cartera de inversión minera de US $53,000 millones y desalienta a los empresarios de generar nuevas inversiones en el país. “El proyecto claramente es un nuevo escollo para la inversión, desalienta a los empresarios y otra vez es un paso atrás para crear las condiciones de confianza que, sobre todo ahora, se requieren para reactivar la economía”, señaló Cardozo.
