“El sector enfrenta una crisis sin precedente, estamos luchando contra la invasión descontrolada de transporte ilegal, la inseguridad para los conductores, el contrabando de combustibles y la insuficiencia de infraestructura», así lo señaló Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y representante de la Alianza Empresarial de Transporte Terrestre del Perú (AETTP), durante la presentación de una moción para declarar en emergencia el transporte terrestre impulsado por la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez.
Graña Belmont mencionó que «el parque automotor antiguo y contaminante, la falta de fiscalización adecuada y la congestión vehicular extrema afectan no solo a las empresas, sino también la calidad de vida de todos los peruanos».
Además, expresó su preocupación por la situación del transporte en Lima: «La capital tiene líneas de metro y buses segregados paralizados por más de 10 años, como es el caso de la Línea 2, y otros proyectos demorados, incluyendo las Líneas 3, 4, 5 y 6. Esta falta de infraestructura adecuada contribuye a una congestión vehicular severa, donde la velocidad promedio de traslado es de apenas 13 km/h y 7 km/h en hora pico, similar a la velocidad de un peatón. Además, para trasladar a 160 personas, actualmente se utilizan 40 colectivos que ocupan 320 m², en lugar de un bus articulado que ocuparía solo 54 m², lo que agrava aún más la congestión y la contaminación. Nuestro parque automotor tiene una antigüedad promedio de 14 años, con una tasa de retiro vehicular de solo 2.5%, lo que resulta en un sistema de transporte ineficiente y obsoleto».
En esa misma línea, Patricia Juárez manifestó que “la crisis del transporte en Lima y Callao es insostenible. La congestión vehicular nos roba tiempo y productividad, los colectivos ilegales y combis invaden descontroladamente, mientras empresarios y operadores enfrentan extorsión y sicariato. A esto se suma el deterioro vial y una contaminación que cobra más de 10,000 vidas al año, reduciendo nuestra esperanza de vida en 2.3 años. Es momento de actuar con urgencia para devolver a los ciudadanos un sistema de transporte seguro, eficiente y sostenible”.
Durante el evento se propusieron medidas clave como la creación de un equipo especial de policía para proteger a operadores y usuarios, junto con la instalación de cámaras de vigilancia y botones de pánico en los vehículos. También se planteó modernizar el parque automotor con incentivos fiscales, un fondo de chatarreo y promover la electromovilidad y sistemas masivos de transporte limpio y eficiente.
En esta reunión de trabajo, también participó el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, quien respaldó la iniciativa y aseguró que se priorizará la aprobación de esta moción por su carácter urgente y de interés nacional. “No podemos seguir permitiendo que millones de peruanos sufran un sistema de transporte caótico. Esta declaratoria de emergencia es el primer paso para un cambio real”, expresó.
Finalmente, el gerente general de AAP, destacó la importancia del sector, afirmando que se moviliza a 33 millones de peruanos, además de generar el 11% del PBI nacional, “contribuyendo significativamente al desarrollo y competitividad del país».
La Alianza Empresarial de Transporte Terrestre del Perú es un esfuerzo colectivo conformado por organizaciones clave como: Fundación Transitemos, Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga – ANATEC, Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú – APOIP, Asociación de Empresarios de Transporte Urbano AETU, Unión Nacional de Transportistas del Perú – UNT Perú, Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible AEMUS, Confederación de Gremios de Transporte de Carga Pesada del Perú- CGCPP, Asociación Corredores Transporte Urbano – ACTU, Grupo Lima Bus, A movernos, y la Asociación Automotriz del Perú.
