🔵 Las municipalidades concentran el 41% de los casos, evidenciando cómo el uso inadecuado de recursos públicos afecta directamente la calidad de obras y servicios para la población.
En Arequipa, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 201 casos de corrupción durante el primer semestre de 2025, una cifra que evidencia la persistencia de este problema en la gestión pública. En ese mismo periodo, las municipalidades provinciales y distritales concentraron la mayor cantidad de casos, con 82 registros que representan el 41% del total. Aunque este número es menor al de periodos previos, la corrupción continúa siendo una problemática estructural que se mantiene en el tiempo y afecta la calidad de la administración pública.
“La corrupción es el uso indebido del poder público para obtener beneficios particulares, y sus efectos van más allá de lo ético: tienen un impacto directo en la economía y en la vida de las personas. Reduce la eficiencia del gasto público, encarece obras y servicios, desalienta la inversión y frena el crecimiento. Cuando los recursos se desvían o se gestionan mal, se debilita la provisión de servicios esenciales como salud, educación o agua, afectando con mayor intensidad a quienes más dependen de ellos”, explicó Patricio Lewis, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
El delito de peculado –vinculado al uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios– es el que se ha registrado con mayor frecuencia a nivel nacional durante el primer semestre de 2025. Y, en Arequipa, esta tendencia también se refleja en las cifras: se han reportado 55 casos, lo que lo posiciona como uno de los delitos más recurrentes en la región.
Un caso con sentencia en Arequipa permite ver cómo se manifiestan estas irregularidades en la práctica. Durante una gestión municipal en Punta de Bombón, se compraron materiales de limpieza, ferretería y artículos de seguridad sin seguir los procedimientos legales de contratación. Es decir, la compra se realizó primero y sin control, y posteriormente se llevó a cabo un proceso de selección para aparentar que había sido regular. Esta práctica, que busca “formalizar” en documentos una adquisición ya realizada, vulnera las normas del Estado y generó un perjuicio de más de 29 mil soles.
“El uso indebido de recursos no siempre implica grandes montos de dinero, sino también el aprovechamiento de bienes públicos en beneficio propio o la realización de prácticas que vulneran las normas de gestión. En todos los casos, se trata de recursos que deberían estar al servicio de la ciudadanía y que, al ser mal utilizados o gestionados de manera irregular, afectan la calidad y oportunidad de los servicios que el Estado brinda”, agregó.
Hacia una ciudadanía más atenta
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la corrupción se ha consolidado como la principal preocupación de los peruanos, y esta percepción continúa en aumento. Entre julio y diciembre de 2024, el 56% de los hogares la identificaba como el mayor problema del país, cifra que se elevó a 60% en el mismo periodo de 2025, reflejando una creciente inquietud ciudadana.
En este contexto, el investigador advirtió que la corrupción no solo implica un problema ético, sino también institucional. Debilita a las instituciones y deteriora la confianza ciudadana, creando un entorno propicio para abusos y vulneraciones de derechos. Cuando fallan el control y la transparencia, además, se amplían los márgenes para la delincuencia organizada.
Estas condiciones facilitan que redes delictivas operen con mayor libertad, aprovechando vacíos para evadir sanciones y beneficiarse de recursos públicos sin rendir cuentas. Así, la corrupción no solo afecta la gestión del Estado, sino que también erosiona las bases del sistema democrático y limita su capacidad de respuesta frente a estos riesgos.
“Frente a este escenario, contar con una ciudadanía informada y vigilante se vuelve cada vez más necesario. No se debe normalizar la corrupción ni asumirla como parte inevitable de la vida pública: informarse, exigir transparencia y valorar la integridad en quienes toman decisiones son acciones fundamentales para fortalecer las instituciones y asegurar un mejor uso de los recursos públicos”, concluyó Lewis.
