🔵 Con más de 3,000 asistentes y 120 empresas participantes, el Congreso Minero del Norte posiciona a Cajamarca como el corazón económico de la macrorregión norte.
En una de las conferencias más esperadas del primer Congreso Minero del Norte del Perú – NORMIN 2025, Roque Benavides Ganoza, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, advirtió que la minería ilegal se ha convertido en el principal problema del país, superando incluso al narcotráfico. En su exposición, planteó una serie de medidas concretas para enfrentar esta actividad desde la educación, la formalización y una mayor presencia del Estado en las zonas más afectadas.
La universidad y la empresa no están separadas, tenemos que estar integrados
Ante un auditorio colmado de asistentes, Benavides inició su intervención subrayando la importancia de la integración entre la empresa privada y la universidad, mencionando su experiencia docente en la PUCP, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de Moquegua. Afirmó que la educación técnica descentralizada es esencial para construir un país más justo y sostenible. “La universidad y la empresa no están separadas. No somos casilleros estancos. Tenemos que estar integrados”, expresó, y añadió que la sostenibilidad de la minería depende del equilibrio entre el cuidado ambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico.
El empresario consideró que el Perú necesita una política nacional de formalización. “Entre peruanos no debemos luchar; debemos facilitar la formalización. Ser formal no puede ser más difícil que ser informal”, sostuvo, insistiendo en que el exceso de burocracia y los trámites engorrosos incentivan la informalidad. Explicó que, actualmente, la minería ilegal genera más dinero ilícito que el narcotráfico y representa cerca del 39% de la producción de oro nacional, equivalente a unos 4.000 millones de dólares anuales, recursos que no pagan impuestos ni están sujetos a fiscalización ambiental.
Durante su exposición, Benavides cuestionó el funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al que calificó como “un instrumento que ha terminado encubriendo la ilegalidad”. Recordó que este mecanismo, creado como una medida temporal, lleva más de dos décadas vigente sin haber cumplido su propósito. “El 83% de los inscritos en el REINFO tienen actividades suspendidas, pero siguen operando. Fue pensado para facilitar la formalización y hoy se usa para evitar sanciones”, señaló.
En su análisis, el empresario explicó que la falta de control del Estado ha permitido la expansión de la minería ilegal, que ya no se limita a Madre de Dios, sino que se ha extendido a regiones como Cajamarca, La Libertad e incluso Ica. “La minería ilegal afecta la seguridad nacional y el orden interno. Detrás de ella hay corrupción, trata de personas, trabajo infantil y destrucción ambiental”, advirtió.
Benavides fue enfático al proponer una respuesta integral del Estado. Señaló que es urgente restablecer el orden y fortalecer la seguridad nacional con mayor presencia en las zonas fronterizas, incremento de los puestos de control, vigilancia del ingreso de combustibles y maquinaria pesada, y un mejor trabajo de inteligencia para identificar las redes que operan detrás de la minería ilegal. Consideró necesario reconocer esta actividad como una amenaza directa a la seguridad nacional y crear una dirección especializada en el Ministerio del Interior para combatirla.
Planteó fortalecer las instituciones públicas que supervisan la minería, dotando de recursos y capacidades a las direcciones regionales de Energía y Minas, y mejorar la coordinación entre organismos como Osinergmin, OEFA, Sunafil y Sunat para garantizar una fiscalización efectiva. También destacó la necesidad de reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia de Banca y Seguros, a fin de detectar operaciones de lavado de activos vinculadas al comercio ilegal de oro.
Benavides advirtió que el presupuesto destinado a enfrentar la minería ilegal —apenas 79 millones de soles— es irrisorio frente a los 4.000 millones de dólares que genera esta actividad. “Esa desproporción demuestra que no estamos tomando el problema con la seriedad que merece”, dijo, tras señalar que los costos económicos, ambientales y sociales equivalen al 2,5% del Producto Bruto Interno del país.
Llaman a una formalización real sin criminalizar al pequeño minero, con reglas claras y certificación del oro peruano.
El ingeniero también propuso cerrar definitivamente el REINFO y elaborar una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que promueva la formalización sin criminalizar a los trabajadores. Subrayó que se debe establecer un sistema nacional de trazabilidad del oro, que garantice la certificación del producto desde la extracción hasta la comercialización. “En el mundo ya no se compra oro sin trazabilidad. A las empresas formales nos exigen todo tipo de certificaciones, mientras los informales pasan desapercibidos”, señaló.
Benavides agregó que es fundamental brindar asistencia técnica y tecnológica a los pequeños mineros para aumentar su productividad, reducir su impacto ambiental y mejorar sus condiciones laborales. Además, hizo un llamado a simplificar la permisología y reducir la burocracia estatal, que, en sus palabras, “se ha convertido en un incentivo para la informalidad”.
En la parte final de su exposición, el presidente de Buenaventura reflexionó sobre la necesidad de replantear la relación entre el Estado y el sector productivo. “No podemos convertir en delincuentes a compatriotas que quieren trabajar. Debemos acompañarlos, no trabarlos. El Estado debe facilitar la formalización, no complicarla”, enfatizó.
Cerró su intervención destacando que la lucha contra la minería ilegal exige un esfuerzo coordinado entre el Estado, la empresa privada y la sociedad, y reiteró su confianza en el potencial del país. “El Perú puede tener una minería mucho más próspera si el Estado acompaña en lugar de estorbar. Si logramos eso, construiremos un futuro más sostenible y justo para todos”, concluyó. El programa del segundo día de NORMIN 2025 incluyó también la presentación de representantes de empresas mineras, como Poderosa, Gold Fields, Rio Blanco y Newmont. De igual manera, estuvieron funcionarios de instituciones del Estado como la Autoridad Nacional del Agua, Senace, ProInversión, Mincetur y Minem, entre otros.
