Las denuncias vinculadas a minería ilegal crecieron 53% en lo que va del 2026, reflejando la expansión de esta actividad ilícita en distintas regiones del país, según un análisis difundido por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El informe advierte que el crecimiento de la minería ilegal también viene acompañado de un incremento en operaciones financieras sospechosas, exportaciones ilegales de oro y presencia de organizaciones criminales vinculadas a esta actividad.
Madre de Dios concentra actualmente una de cada tres denuncias registradas durante los primeros cuatro meses del año, consolidándose como una de las regiones más afectadas por este delito.
El reporte del IPE señala que durante 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron las 100 toneladas y prácticamente igualaron a los envíos formales del mineral.
Además, el valor de estas exportaciones ilegales aumentó 55% respecto al año anterior, impulsado por el alza internacional del precio del oro.
El sistema financiero también detectó un fuerte incremento de operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal.
Según el informe, Lima y Callao encabezaron los montos asociados a operaciones sospechosas con US$2.738 millones, seguidos por Puno con US$1.984 millones y La Libertad con US$727 millones. En conjunto, estas regiones concentraron el 90% del total reportado durante 2025.
Diversos especialistas advierten que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales economías ilícitas del país, con fuerte impacto sobre seguridad, lavado de activos y control territorial.
Minería ilegal gana peso político y económico
El avance de la minería ilegal también viene generando preocupación en el escenario político y electoral.
De acuerdo con reportes recientes, especialistas advierten que esta actividad ilegal mueve miles de millones de dólares y tendría influencia sobre campañas políticas y organizaciones regionales.
Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal alertó que gran parte de los planes de gobierno para las elecciones 2026 aún no presentan propuestas concretas para enfrentar esta problemática.
El IPE y diversos analistas sostienen que el crecimiento de la minería ilegal representa uno de los principales desafíos económicos, ambientales y de seguridad para el próximo gobierno.
Fuente: Rumbo Minero
