Ante la difusión de un proyecto de delegación de facultades que el Poder Ejecutivo presentaría al Congreso de la República, consideramos positivo que incorpore una agenda de reformas que el sector empresarial de todo tamaño viene planteando desde hace muchos años como indispensable para recuperar el crecimiento, promover la inversión y generar más oportunidades para los peruanos.
El Perú ya no puede seguir aplazando las reformas que requiere para volver a crecer. Recuperar la seguridad, promover la formalización y reducir las trabas que frenan la inversión son tareas pendientes desde hace varios años. En ese contexto, saludamos que la presidenta de la República haya decidido impulsar una agenda de reformas orientada a enfrentar estos desafíos.
El objetivo de esta agenda debe ser construir un Estado que deje de obstaculizar el crecimiento y se convierta en un facilitador de la actividad económica, colocando al ciudadano y al emprendedor en el centro de la política pública.
Esta visión es consistente con la propuesta de Nueva Formalidad que ComexPerú impulsa desde hace varios años. La finalidad no debe ser preservar la informalidad bajo el argumento de proteger empleos, sino generar las condiciones para que más peruanos accedan a un trabajo formal, con derechos, mejores ingresos y oportunidades de desarrollo. En esa misma línea, resulta positivo que el Gobierno haya precisado que estas reformas no buscan reducir derechos laborales, sino ampliar el acceso al empleo formal.
Algunas de las medidas planteadas, como la revisión del régimen de feriados, seguramente generarán debate. Ese debate es saludable, pero debe darse con evidencia y pensando en el interés del país. El incremento de feriados en los últimos años ha tenido efectos negativos sobre la productividad y la competitividad que no pueden ignorarse si queremos construir una economía más dinámica, tal como se desprende del estudio “Los feriados y la actividad económica en el Perú”, publicado por el Banco Central de Reserva del Perú en junio del año pasado.
Si el proyecto mantiene la orientación conocida hasta el momento, la delegación de facultades representará una oportunidad para impulsar reformas largamente postergadas. El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de demostrar si está dispuesto a respaldar los cambios que el país necesita o a seguir postergándolos.
