🔵 El acceso es desigual: mientras algunos distritos alcanzan coberturas cercanas al 100%, en provincias como Caylloma y Condesuyos menos de la mitad de viviendas cuenta con este servicio.
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, en Arequipa, más de 168 mil viviendas, equivalentes al 27.2% del total, no cuentan con acceso a alcantarillado, según el último Censo Nacional. Es decir, cerca de una de cada cuatro viviendas de la región aún carece de este servicio. A nivel provincial, también se observan diferencias importantes. Mientras la provincia de Arequipa registra una cobertura de 78.4%, Caylloma alcanza el 49.5% y Condesuyos llega apenas al 44.5%.
Estas diferencias se acentúan al revisar los resultados a nivel distrital. En Mollebaya y Quequeña, ambos de la provincia de Arequipa, apenas el 6% y 7% de las viviendas, respectivamente, cuentan con acceso a alcantarillado. En contraste, el distrito de Arequipa y el distrito de José Luis Bustamante y Rivero alcanzan casi el 100% de cobertura.
Para entender qué implica esta falta de acceso, es importante diferenciar el desagüe del alcantarillado. Aunque están relacionados, cumplen funciones distintas.
“El desagüe es el tramo que permite llevar las aguas residuales desde el interior de una vivienda hasta la red pública; el alcantarillado, en cambio, es la red de tuberías que recoge las aguas de varias viviendas y las conduce hacia instalaciones donde reciben un tratamiento adecuado. Ambos son necesarios y cumplen funciones distintas. Por ello, contar con una red de alcantarillado y lograr que más viviendas puedan conectarse a ella es fundamental para evitar que las aguas residuales se acumulen o sean eliminadas de manera inadecuada”, explicó Patricio Lewis, investigador de REDES.
Ampliar esta cobertura es importante porque, cuando una vivienda no está conectada a una red pública de alcantarillado, debe recurrir a otras formas para eliminar sus aguas residuales. En Arequipa, por ejemplo, más de 118 mil viviendas utilizan pozo ciego, mientras que otras recurren a pozos sépticos, letrinas u otras alternativas. El manejo inadecuado de estas aguas puede generar riesgos de contaminación y afectar la salud de las familias. Ante ello, para que más hogares puedan acceder a estas redes, se requieren recursos suficientes y capacidad para convertirlos oportunamente en obras y servicios.
En 2026, el presupuesto destinado a estas obras de saneamiento, que incluye proyectos de alcantarillado y desagüe, ha ascendido a cerca de S/189 millones, 49% menos que en 2024, cuando superó los S/372 millones.
Sin embargo, tener presupuesto no basta. La ejecución de estos recursos muestra dificultades persistentes. Desde 2016, la ejecución conjunta de los tres niveles de gobierno no ha superado el 89%. En 2025, por ejemplo, pese a que se ejecutó el 88,3% del presupuesto, quedaron más de S/ 29 millones sin utilizar. Es decir, además de disponer de recursos, el reto es lograr que estos se traduzcan efectivamente en obras y servicios para la población.
Por nivel de gobierno, la ejecución suele ser menor en los gobiernos locales. En 2025, las municipalidades solo ejecutaron el 75% de su presupuesto destinado a inversión en saneamiento. Entre las que registraron menor avance destaca la Municipalidad Provincial de Condesuyos, que, pese a contar con el quinto presupuesto más alto de la región, con más de S/8 millones, utilizó menos del 9% de los recursos disponibles. Esto resulta especialmente relevante si se considera que solo el 44,5% de sus viviendas cuenta con acceso a desagüe.
Una situación similar se observa en Chiguata, donde se ejecutó menos del 18% de los más de S/2 millones asignados para inversiones en saneamiento. En este distrito, apenas el 40% de las viviendas cuenta con acceso a desagüe.
“Mejorar estos resultados requiere fortalecer la gestión pública para que los recursos se traduzcan en obras y servicios para la población, así como impulsar mecanismos de colaboración que permitan acelerar la ejecución de los proyectos. Esto cobra especial importancia ante los posibles eventos asociados al fenómeno de El Niño, ya que las lluvias intensas pueden afectar los sistemas de agua y saneamiento, provocar desbordes y generar contaminación. Por ello, contar con infraestructura adecuada y preparada para estos eventos permitirá reducir los daños y proteger a las familias”, finalizó Lewis.
